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La CPM denunció “torturas en cárceles” durante los motines por las visitas familiares

El organismo elaboró un informe que fue presentado ante las autoridades bonaerenses respecto a la “brutal represión del Servicio Penitenciario Bonaerense”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaboró un informe que fue presentado ante las autoridades el Gobierno bonaerense, en donde detalla la “brutal represión del Servicio Penitenciario”, y exige que la justicia investigue y sancione estos actos de lesa humanidad.

En ese sentido, a partir de su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo sostuvo que las torturas sucedieron durante las protestas del 31 de octubre, 1 de noviembre, y los días posteriores”.

Durante esos días, la CPM presentó “1.580 hábeas corpus individuales y 21 acciones de carácter colectivo”, para que se indaguen las “torturas perpetradas durante las protestas”, que tuvieron lugar en los penales de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín.

El texto advirtió sobre “heridas en zonas vitales con postas de goma disparadas a quemarropa, aislamiento extremo, falta de comida o entrega de comida podrida, traslados compulsivos sin orden judicial en medio de la noche, sin pertenencias y desnudos, la quema y destrucción de aulas universitarias, nula atención médica de heridos”.

Por otra parte, la CPM también reclamó la resolución de morigeraciones y la compensación por “penas ilícitas”. Según el organismo, fueron “más de 1.500 personas” las que sufrieron diferentes tipos de torturas en cárceles provinciales.

Roberto Cipriano García, secretario de la comisión, expresó la necesidad de que el Poder Judicial bonaerense, especialmente el máximo tribunal, intervenga para comenzar a generar soluciones de fondo. 

“Es necesario que haya una intervención de la Corte Suprema bonaerense y que, de alguna manera, genere una intervención más global sobre el sistema. Porque, en esto, cada juez tiene que resolver la situación de sus detenidos”, remarcó Cipriano García.

Cabe recordar, que durante las fechas mencionadas, los presos llevaron a cabo varios motines en diferentes penales bonaerenses, ya que reclamaban el restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas por el aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus. 

En ese contexto, y tras habilitar el diálogo con los detenidos, el Gobierno bonaerense junto a representantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones de Derechos Humanos, acordaron que a partir del 14 de noviembre fueran habilitadas las visitas presenciales de familiares de detenidos.

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