Uno de los tantos casos judiciales por abusos cometidos en la Iglesia argentina sumará un nuevo capítulo. En Salta será juzgado el sacerdote Agustín Rosa Torino por los presuntos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos víctimas y de abuso sexual simple contra una tercera víctima. La elevación a juicio quedó radicada en la Sala IV del Tribunal de Juicio salteño. Ahora el juez Maximiliano Troyano definirá la fecha de inicio del juicio oral y público.
El tránsito del expediente no fue sencillo. En el camino, las querellas y la fiscalía se encontraron con obstáculos como abuso de poder, solicitudes de nulidades, pedidos de sobreseimiento, y hasta una contradenuncia contra una de las monjas que denuncio al cura y que ya fue sobreseída.
Fue porque una prima de otro sacerdote, amigo del cuestionado religioso, denunció como abusadora a la monja -ahora ex religiosa- Valeria Zarza, la mujer ultrajada por Agustín Rosa Torino.
La intención de desacreditar a una de las tres víctimas -las otras dos son hombres- fracasó. Así de enrarecido fue el trámite judicial hasta llegar al juicio oral.
Escándalo en el Vaticano
El cura que enfrenta la justicia terrenal no es cualquier sacerdote. Supo tener influencia entre los políticos y el obispado local. También en el Vaticano.
En 1986, y con el visto bueno del entonces papa Juan Pablo II, el padre Rosa Torino fundó, en la provincia de Salta, el instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista.
El instituto también tiene sedes en México, Chile y España y lo componen sacerdotes, diáconos permanentes y consagrados no clérigos que emiten votos públicos perpetuos y practican con exclusividad la vida contemplativa, monástica o eremítica.
Treinta y tres años después, el 18 de junio de 2019, y por disposición de otro papa, en este caso de Francisco, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decretó la supresión del Instituto liderado por el presunto cura abusador.
Según publicó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), el cierre del instituto religioso tuvo razones de peso incuestionables.
Conocerlas permite comprender el entramado que se tejió alrededor del expediente judicial.
La AICA consignó, en un cable fechado el 6 de agosto de 2019, que el decreto emitido por el Vaticano dos meses reza: “El 11 de mayo de 2015, el nuncio apostólico en la Argentina (Monseñor Emil Paul Tscherrig), solicitó la intervención de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, tras haber recibido serias denuncias sobre diversos aspectos de la vida del Instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista”.
Más adelante describe: “El 1° de junio siguiente fue enviado al mismo Dicasterio el informe de una investigación preliminar. Evaluadas las cosas y consideradas las investigaciones ya realizadas, el 17 de julio de 2015 la Congregación decidió nombrar un comisario pontificio para el Instituto, en la persona de Monseñor Luis T. Stöckler, obispo emérito de Quilmes. Con posterioridad, el 1° de julio de 2017, la Santa Sede designó como nuevo comisario pontificio a monseñor Martín de Elizalde OSB, obispo emérito de Nueve de Julio”.
Los dos comisarios pontificios designados por el papa argentino Jorge Bergoglio interrogaron al cura acusado de varios abusos sexuales; escucharon a los miembros del Instituto, a los obispos interesados y a quienes estuvieron en contacto con el Instituto religioso.
Después de eso, emitieron un documento en el cual, además de examinar la conducta de Rosa Torino, se “evaluó las dificultades encontradas para la formación humana y espiritual de los miembros y ha tenido en cuenta la situación institucional fuertemente comprometida”.
Al cabo de este itinerario, y de acuerdo al Código de Derecho Canónico, se dictó el Decreto que dispuso la supresión del Instituto religioso comandado por el cura que espera su juicio oral beneficiado con prisión domiciliaria.
El documento precisa que el sacerdote no solo era investigado por “presuntos abusos sexuales cometidos en 2005 y 2013”, sino también que “los medios informaron que el padre Rosa también podría ser investigado por delitos de lavado de activos y narcotráfico”.
Los trascendidos indicaban que el cura salteño mantenía una supuesta conexión con el capo narco Chapo Guzmán, quien a través del cartel de Sinaloa le pedía al religioso, y a otros miembros de la congregación, que bendijera los operativos importantes de contrabando de cocaína. La denuncia de un supuesto ex narco también aseveraba que parte del dinero que se lavaría a través de refacciones realizadas en conventos “era escondido adentro de una imagen de la Virgen de Guadalupe”.
La justicia federal de Salta abrió una investigación que aún esta abierta, pero sin avances significativos.
Infierno en la tierra
Si bien aún falta definir si Rosa Torino será juzgado por un tribunal colegiado o uno unipersonal, son tres los abusos por los que deberá rendir cuentas.
Las dos primeras denuncias fueron realizadas por seminaristas, la otra por la entonces monja Zarza.
Estas se materializaron en la justicia, pero hubo otras 30 “denuncias canónicas” que no llegaron a los tribunales, pero que fueron tomadas en cuenta por la investigación del Vaticano para cerrar el instituto religioso comandado por el cura acusado de abusos reiterados.
Como en otros casos en la Argentina y en el mundo, la Santa Sede, a pesar de tener denuncias contra supuestos sacerdotes pedófilos antes que sean ventilados en la justicia, recién actúa cuando esta avanza.
En el requerimiento a juicio oral al que accedió Infobae la fiscalía destacó que Rosa Torino, valiéndose de su condición de “fundador y director” del Instituto de los Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, desplegó “conductas deshonestas en menoscabo de la libertad sexual de las víctimas”.
También se asegura que existió “afectación a la dignidad humana de las víctimas, que produjo sufrimientos y humillaciones tanto por la intensidad de su duración como por la repetición de tales conductas vejatorias que dejaron huellas indelebles en sus psiquis”.
Como en los casos de otros sacerdotes acusados de abuso sexual o “promoción a la corrupción de menores agravada”, como los casos de Julio César Grassi, Juan Diego Escobar Gaviria, Justo José Ilarraz y Marcelino Moya, la fiscalía reconoció que las víctimas de Rosa Torino tuvieron un “temor fundado” hasta llegar a la denuncia contra el cura porque “eran humilladas en público, gritadas o insultadas”.
Uno de los testimonios más descarnados y valientes fue el realizado por la ex monja Valeria Zarza, quien expresó que radicó denuncia contra el religioso por “haber recibido amenazas coactivas, insultos y humillaciones, abusos de autoridad, calumnias y difamaciones hacia su persona”.
Las fiscales de la causa resaltaron en el expediente que Rosa Torino era “un machista” que “tenía desprecio hacia las mujeres y por abusos sexuales reiterados y manoseos libidinosos y ultrajantes hacia ella y hacia diversos hermanos de la comunidad; por haberlos mantenido dominados en todo espiritualmente, económicamente, con respecto a las demás personas que él consideraba que eran una amenaza para él y por el ofrecimiento de dádivas para evitar la presente denuncia”.
La ex monja consideró esas amenazas cumplidas “cuando fue acusada después por la sobrina del cura Josué Salas, miembro de la Congregación y amigo de Rosa Torino, de abuso sexual”, el mismo delito que denunció haber sufrido”.
Causa en la que fue absuelta
Como también sucede en muchos de estos casos, la víctima, Zarza, acompañó a otras víctimas en el proceso de denuncia. Ella relató que se escapó de la Congregación en mayo del 2015 e hizo la denuncia canónica contra Rosa Torino.
Esas denuncias, que llegaron a 30, la Iglesia las mantiene ocultas, según pudo saber Infobae.
En julio de 2019, las fiscales penales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Verónica Simesen de Bielke y Cecilia Flores Toranzos, reformularon el requerimiento de remisión de causa a juicio, porque en el marco de la causa contra Rosa Torino.
Debieron realizar ese trámite judicial porque para su sorpresa, en el mes de junio del año pasado, el juez Adolfo Figueroa, había declarado nulo el requerimiento de la causa a juicio.
Las dos fiscales dejaron constancia de que no comparten los fundamentos del magistrado y finalmente lograron dar vuelta esa polémica decisión.
La nueva acusación también fue apoyada por el procurador general de la Provincia de Salta, Abel Cornejo, quien ratificó los fundamentos de las tenaces fiscales, que ahora sí verán al denunciado cura abusador sentado en el banquillo de los acusados.
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