Diputados, abogados querellantes y organismos de derechos humanos denunciaron que el ministro de defensa, Luis Petri, intenta poner trabas a la realización efectiva de los juicios de lesa humanidad, ya que durante la semana pasada, despidió a 10 de los 13 trabajadores de los equipos de Relevamiento y Análisis, encargados de analizar documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas.
A su vez, este recorte del área del Ministerio de Defensa que investiga los crímenes de lesa humanidad se da en un contexto en que “el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, expresó Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de derechos humanos de Unión por la Patria.
Por otro lado, también se manifestaron las Abuelas de Plaza de Mayo: “Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados”.
Cabe destacar que esta denuncia se enmarcó en una conferencia de prensa en el Salón Perón de la Legislatura porteña el pasado viernes 5 de abril, donde diferentes referentes de derechos humanos se reunieron para advertir el vaciamiento de “un área sensible para el seguimiento de los juicios”, explicó Montenegro.
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