Fue solicitada la elevación a juicio de una investigación seguida contra diez personas por lavado de activos agravado en la ciudad de San Nicolás. Se trata de una organización ilícita que operó entre marzo de 2012 y abril de 2016. La misma habría introducido al mercado formal US$ 5.365.546 adquiridos mediante operaciones de compra de divisas -ilegales por infringir la normativa cambiaria- derivadas de supuestas operaciones de importación realizadas por dos empresas creadas al efecto. Las divisas fueron transferidas a cuentas en el exterior, entre junio y diciembre de 2013.
El pedido de elevación a juicio alcanza al contador Juan Carlos Ariel Inés; el abogado Eduardo De Felipe; a Edgardo Jesús Saltal y Luis Cesar Agüero, presidentes de las firmas SD Montajes y Wismares SA, respectivamente; Guillermo Esteban Di Giacinti y Walter Edén Azzaretti, miembros de las empresas; a los gerentes de las sucursales San Nicolás de los bancos Galicia y de Buenos Aires SA y Santander Río, Alejandro Caputto y Carlos Cristian Seganfreddo, y los oficiales de clientes empresas de esas entidades bancarias, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso. La elevación fue solicitada por el titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, al titular del Juzgado Federal N° 2 de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo.
De acuerdo con el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició en abril de 2016 tras la denuncia del jefe de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva (DGI). De las fiscalizaciones administrativas efectuadas sobre las firmas SD Montajes SA y Wismares SA se detectó la existencia de una organización criminal dedicada a la utilización de personas jurídicas sin actividad real o con actividades que no coincidían con su capacidad operativa, para canalizar fondos cuyo origen no podía justificarse. Esos fondos luego fueron utilizados para la adquisición de moneda extranjera en el mercado oficial, que posteriormente era girada a cuentas bancarias radicadas en el exterior, en concepto de operaciones de importación de servicios inexistentes. Para esta operatoria, se presentaba documentación apócrifa ante las sucursales nicoleñas del Banco Santander Río y del Banco Galicia, cuyos gerentes y sus oficiales de cuentas empresariales omitían verificar.
El fiscal Di Lello solicitó la elevación a juicio al concluir que “la organización delictiva no solo lograba ‘blanquear’ dinero de origen espurio, sino que asimismo lograba eludir los obstáculos legales impuestos por el Banco Central de la República Argentina para la compra de divisas a la fecha de los hechos denunciados, en violación al régimen penal cambiario”. Así, pidió que Inés, Di Giacinti y De Felipe respondan como coautores del delito de lavado de activos agravado por integrar una asociación ilícita destinada a cometer hechos de esta naturaleza, al tiempo que Saltal, Agüero, Azzaretti, Caputto, Di Carlo, Seganfreddo y Grasso deberán hacerlo como partícipes necesarios del mismo delito.
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