El Gobierno nacional anunció a través del boletín oficial un incremento del 30% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral (20 en enero y 10 en febrero). Sin embargo, desde el Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras organizaciones advirtieron que esta medida no es suficiente para paliar el panorama del sector. “Nos encontramos en alerta, es insostenible la situación, esperamos respuestas de los funcionarios”, sostuvo la referente del Comité de Discapacidad de San Nicolás Cecilia Imboden.
El paro que había lanzado por tiempo indeterminado el colectivo denominado Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU) se levantó tras una reunión con responsables de Nación que manifestaron se ocuparían de los diversos reclamos, pero por el momento no hay novedades.
“La geolocalización que el Gobierno había anunciado es difícil de llevar a cabo, sí es posible que los pacientes tengan un QR y cambie algo de la modalidad de las planillas. Aún no hay definiciones de las obras sociales. Por otra parte, muchos tratamientos se autorizaron a diferencia de otros años que tardaban más, hoy un 50 por ciento aproximadamente, pero les estuvieron preguntando a las familias si trabajamos, si dimos la prestación, aparecieron en los centros vigilando, fue horrible. Cada mes somos más los prestadores que decidimos dejar de trabajar en discapacidad, es un desgaste y es imposible capacitarse con los honorarios que estamos cobrando”, amplió.
“En emergencia”
“La discapacidad está en emergencia”, así lo sostienen desde el Foro, quienes la semana pasada se acercaron a reclamar en la quinta de Olivos con el objetivo de alertar sobre la vulnerabilización de los derechos de las personas con discapacidad, en un contexto de inflación creciente.
De esta manera, consideran posible visibilizar la emergencia, acercaron un petitorio al Presidente de la Nación, Javier Milei, “con todos los puntos que son necesarios resolver para, efectivamente, garantizar los servicios y las prestaciones”, expresaron. Según advirtió la organización, alrededor de 200 mil personas de todo el país corren el riesgo de quedarse sin servicios básicos de atención y cuidado. La razón principal de esta situación es el contraste entre los aranceles de las prestaciones, fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el Ministerio de Salud, y la inflación descontrolada. Mientras que los aranceles aumentaron un 120.8% durante 2023, la inflación en el mismo período alcanzó el 220%.
Transporte e inflación
En este contexto, el Foro reclamó también un incremento del 120% en el sector de transporte para hacer frente al aumento en el precio del combustible. Los transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad se ven imposibilitados de continuar con sus labores debido al aumento del costo del combustible, lo que ha resultado en muchos casos en la interrupción de servicios esenciales. “La diferencia entre los aumentos en los aranceles y los incrementos en los costos operativos, como sueldos, combustibles y alimentos, es insostenible”, argumentan. Esta discrepancia ha llevado a una situación crítica.
En el petitorio explican: “Este sector terminó el mes de diciembre de 2023 con un desfase de alrededor de 100 puntos entre la inflación anual (2023) y los aranceles fijados por el estado nacional. Esta situación se complejiza cuando tienen que enfrentar deudas que las Obras Sociales Nacionales e Incluir Salud mantienen con estos servicios, así como el financiamiento del pago de las obras sociales que suelen extenderse, en general, entre 60 y 90 días de facturar la prestación y en ocasiones aún más”.
A su vez, manifiestan la importancia de la Ley 24.901, que establece los servicios que deberían ser cubiertos económicamente, un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, con la obligación por parte de PAMI, Obras Sociales Nacionales, prepagas, de cubrir el total de estas prestaciones. En casos en los que las personas con discapacidad no estén incluidas en el sistema de obras sociales, o estas no puedan afrontar los servicios, el Estado debe intervenir para garantizar el acceso a las dos prestaciones básicas a través de sus organismos.
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