La explosión en la empresa de agroquímicos Atanor reanudó el debate sobre los controles necesarios para prevenir accidentes. Ante el desastre ambiental y los eventuales riesgos sobre la salud de la población, el Consejo Profesional de Química de la provincia pidió investigar a fondo y buscará que la Legislatura apruebe un registro de manipuladores de químicos.
El presidente de la entidad, Dr. Carlos Colángelo, se refirió al grave episodio ocurrido en San Nicolás y pidió a las autoridades que hagan cumplir integralmente la Ley 7020, norma que regula la actividad de los procesos químico-Industriales en la provincia de Buenos Aires.
“Del accidente se está averiguando exactamente cuáles fueron las causales. Todavía no está claro si hubo un problema del reactor propiamente dicho o de alguna secuencia de mezcla de reactivos. Las consecuencias pueden ser gravísimas. Se liberó al medio ambiente un compuesto derivado del cianuro que es altamente nocivo para la salud” advirtió el Doctor en Química.
En ese marco, Carlos Colángelo analizó las últimas medidas adoptadas por la Justicia por el caso Atanor – se ordenó el cese de actividad prohibió la salida de camiones- pero señaló que la entidad profesional que preside no fue convocada: “En una nota, la jueza que lleva a cabo la investigación se hacía varias preguntas desde el punto de vista normativo pero a nuestro criterio estaban faltando algunos más. Hizo intervenir al ministerio de Ambiente, a la Autoridad del Agua y otros grupos de trabajo pero no incluía lo que corresponde a la Ley 7020 que es el ejercicio de la profesión química” sostuvo.
Tras la medida, el titular del Consejo Profesional de Química reflexionó y planteó algunos interrogantes: “¿Quiénes manipulan las sustancias dentro de la empresa cuando ocurre este accidente? ¿Están matriculados? ¿Son químicos? ¿Respetan los considerandos de la ley 7020 que regula el ejercicio profesional de la química? Nosotros no tenemos la certeza si los profesionales que están trabajando dentro de la planta son químicos o están matriculados. Llamamos a la reflexión con preguntas que deberían estar incluidas en el temario judicial” expresó.
Respecto a los posibles riesgos que derivan de accidentes como el de Atanor, Carlos Colángelo indicó que pueden ser varios. “Lo primero que me surge es que no sepan cuáles son las propiedades fisicoquímicas que tiene el producto. Entonces hay un tema de cómo se están guardando, cómo se manipula. Y eso puede llevar riesgos, aun cuando la sustancia esté almacenada y parezca totalmente inocua” sostuvo.
“Puede haber por ejemplo una sustancia tóxica al lado de un explosivo. Entonces si la sustancia que es explosiva detona, puede dispersar al tóxico y producir un problema de dispersión ambiental” explicó.
También precisó que “si hay un oxidante, una sustancia que necesita oxígeno para generar por ejemplo una combustión y está al lado de un combustible, esto genera problemas. El desconocimiento de las propiedades lleva seguramente una mala manipulación de la de la sustancia y toda la responsabilidad que corresponde si hubiera daños a la infraestructura y daños que perjudiquen a la salud humana” sentenció.
En ese marco, el titular del Consejo Profesional de Química de la provincia subrayó la necesidad de que la manipulación de químicos esté a cargo de profesionales: “Al estar matriculado, entendemos que básicamente va a haber un tema de conocimiento y de protección” dijo.
“La ley dice que toda actividad química está regulada por el Consejo de Química. Entonces delega el poder de policía a la creación del consejo profesional y léase este tema de control de policía en el noble ejercicio de la actividad, para que sea llevado a cabo por con personal que tenga título correspondiente, que haya estudiado, y tenga registrado su título con un número de matrícula en el cual, cada vez que firmen un protocolo o haga alguna actividad se sepa quién es y que esté debidamente matriculado. Todo esto está contemplado en la ley 7020” remarcó.
En esa línea, explicó que habitualmente “una empresa a veces toma gente sin estar matriculada en el área de la química. Pero a nadie se ocurrir tomar contratar un abogado, un médico sin matrícula. Entonces hay que dar un giro a todo este pensamiento. Toda actividad que tiene un colegio por detrás o un consejo profesional y que tiene una ley exige que esté matriculado. Las empresas deben exigir que el profesional que toman esté debidamente matriculado” afirmó.
Por otra parte, desde el Consejo Profesional de Química también se refirieron a los riesgos eventuales de la manipulación de químicos en la vida cotidiana.
“Puedo poner ejemplos muy sencillos. Uno va a una ferretería y compra soda cáustica. Y en muchos lados la entrega sobre cerrado dice destapa cañería y no dice quién lo produce, cuál es el contenido. O no explica los riesgos que tiene. La apertura de ese envase puede llevar a quemaduras serias. Esto puede estar a veces al alcance de los niños y producir una ingesta con las graves consecuencias de ingerir soda cáustica” mencionó.
Otro caso es el de la venta en el mercado de productos que tiene la forma de caramelo y que en realidad son raticidas. “Se entregan envueltos en papel celofán, sin ningún tipo de indicación externa. La sociedad está expuesta constantemente a un montón de químicos y tiene que haber un contralor para que todos esos productos estén debidamente identificados y no los pueda comprar cualquiera. Hay gran cantidad de estos productos que no tienen rótulos o ningún tipo de indicación que diga que hacer. Hay una información muy incompleta” dijo.
“Queremos que la sociedad esté alerta y que en principio no compre esos productos de procedencia dudosa y que no tienen claro que debe hacerse en caso de alguna situación de emergencia” planteó Carlos Colángelo.
Ante el escenario descripto, el Consejo Profesional de Química de la provincia impulsa el registro de manipuladores químicos.
“En esta semana vamos a hablar con diputados o senadores provinciales que es uno de los objetivos: tratar que se cree aparte un registro de manipuladores de sustancias químicas. Queremos impulsar una ley para que en todas las facetas se sepa qué está sucediendo con las sustancias y quién lo está haciendo tanto en la venta, transporte, comercialización, adquisición. Pedimos que haya un registro que esté debidamente sustentado” afirmó Colángelo.
Sobre la inclusión de los consumidores, explicó que eventualmente “se puede comprar un producto químico con un fin criminal. Que quede registrado, quien compró una determinada sustancia que después puede lamentablemente terminar en un acto de eliminar a una persona o peor aún en un acto terrorista” dijo.
“Todo eso, en conjunto, va a ayudar a que no ocurran este tipo de situaciones y que haya un debido control de las sustancias químicas en todas sus facetas y en todo el movimiento que tenga. La idea es monitorear desde que sale de una fábrica que se manipula o de la importación, hasta que llegue a la fábrica y hasta la generación de los residuos que pueden este acontecer luego de un proceso químico” concluyó.
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