Los magistrados Aníbal Pineda y Fernando Lorenzo Barbará, integrantes de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, confirmaron el procesamiento de los dos productores agropecuarios imputados del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante utilización de residuos calificados peligrosos”, en el marco de la causa FRO 70087/2018/15/CA4 “Legajo de Apelación por Infracción Ley Nro. 24.051 (Art. Nº 55) Envenenamiento o Adulteración de Aguas. Medic. o Alim.”.
Las defensas de los dueños de los campos de la zona de Villa Alicia habían inperpuesto un recurso de apelación por el dictamen del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, del 25 de octubre de 2019, pero en las última horas la Cámara Federal de Rosario volvió a ratificar la resolución de primera instancia.
Villafuerte Ruzo dictó el procesamiento por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de agroquimicos en forma continuada.
La causa se inició por una denuncia de Sabrina Ortíz, quien se convirtió en abogada, creó el grupo “Madres de Barrios Fumigados Pergamino” y hasta hoy padece amenazas e intimidaciones.
Ortíz y su familia sufren daño génetico y múltiples complicaciones de salud, a causa de los efectos de la utilización desmedida de agroquímicos por los dueños de los campos ubicados en Villa Alicia, zona cercana a Luar Kayad y La Guarida
El magistrado había decretado un embargo de 3 millones de pesos para cada uno de los imputados, quienes continúan en libertad al menos hasta el final del juicio.
En el fallo donde se dictó el procesamiento, hizo foco en la situación de extrema gravedad que se vivía en una zona donde abundan los casos de cáncer, tiroides, asma y enfermedades de la piel, sin mencionar la contaminación del agua de red que consumían los vecinos y de los suelos.
En la apelación, la defensa de uno de los productores manifestó que las declaraciones de los testigos fueron inconexas basándose en suposiciones y organismos que no tienen competencia. Además, planteó que hizo analizar el agua del campo donde residía apenas se hizo público la posibilidad de la contaminación del elemento líquido y que arrojó resultado negativo, siendo apta para el consumo.
El propietario del campo, que también está imputado por amenazas al padre de Sabrina Ortíz, afirmó que no se dedica a la pulverización sino a la siembra, cosecha y cría de animales y que no tuvo oportunidad de defenderse con anterioridad.
Por su parte, el otro productor agropeciario basó su argumentación en criticar las constataciones, relevamientos y testimonios brindados por los oficiales de policía de la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina (PFA). Incluso remarcó que lo único que lo une a las acusaciones es el testimonio de Sabrina Ortíz, a quien avusño de tener un ensañamiento con él.
Pese a las defensas planteadas por los abogados de ambos, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó sus procesamientos y también rechazó el pedido de una de las defensas de dejar sin efecto el embargo de los 3 millones de pesos establecido por Villafuerte Ruzo.
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