El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) cuenta en Pergamino con 16.421 afiliados, de los cuales 2467 -15 por ciento del total- pertenecen directa o indirectamente a la planta de la Municipalidad -además del empleado incluye a su grupo familiar-, quienes podrían quedarse sin prestación de aplicarse la medida anunciada por el intendente Javier Martínez, en correlación con su par nicoleño Manuel Passaglia, de impulsar una desafiliación masiva de trabajadores.
La situación se vuelve más alarmante cuándo, por ejemplo, se desconoce qué ocurrirá con los 35 pacientes que se encuentran bajo tratamiento de estudios especiales, nucleados en el Plan Medicamentos para Patologías Especiales (MEPPES), que abarca pacientes oncológicos y otros en procesos crónicos -como diabetes-, denominados de alto impacto y que reciben cobertura del 100 por ciento del costo de los medicamentos que requieren.
En la actualidad, la obra social entrega medicamentos ambulatorios a 513 pacientes en relación de dependencia con el Municipio, responde de manera integral a 10 personas que padecen patologías de alta complejidad como epilepsia, VIH o parálisis cerebral, se registran 3 con internación domiciliaria y 2 trasplantados. Y en 2022 se cubrió la internación de 283 personas.
Si se efectivizara la baja de la prestación de IOMA de estos afiliados -pacientes oncológicos en pleno tratamiento, con parálisis cerebral, con epilepsia y trasplantados-, se desconoce el impacto que la medida tendría en su salud y qué consecuencias conllevaría el abandono de esos procedimientos.
El dato más relevante es que IOMA invierte más de lo que el afiliado municipal aporta, especialmente en los tratamientos especiales. Porque de la cápita que a cada trabajador municipal se le descuenta -10.531 pesos- existe un déficit de 2.521 pesos. Es decir, que la obra social del Estado provincial se hace cargo de alrededor de un 20 por ciento más de lo que cada trabajador aporta, lo que significa el ingreso de 26 millones de pesos al mes a IOMA, pero con una inversión de aproximadamente 32 millones.
Deberá tomarse en cuenta que, además, la mayoría de los salarios de los empleados municipales que alcanzan a cubrir la cápita, no les permitiría a acceder a otras prepagas u obras sociales mucho más onerosas.
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