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Despidos y suspensiones en Carboquímica del Paraná

Trabajo clausuró la planta emplazada en San Nicolás por falta de medidas de seguridad. La empresa contestó con telegramas de despidos y suspensiones. Temor por el futuro.

En la mañana del viernes último, la delegación San Nicolás del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires resolvió la suspensión total de tareas en la planta Carboquímica del Paraná S.A., luego de constatar mediante inspección serias irregularidades en materia de seguridad e higiene.

La resolución ministerial a la que tuvo acceso el diario El Norte, expresa que la suspensión de tareas se funda en que la planta en cuestión "no posee red de incendio en estado operativo de uso (?) existiendo antecedentes de incendios en el establecimiento, considerando la actividad que se desarrolla, los materiales acopiados (tanques y otros)".

Según expresa el comunicado oficial del organismo, por tales deficiencias, se resolvió la "suspensión total de tareas en el domicilio inspeccionado tanto para tareas de personal propio como de terceros contratados, como medida preventiva de riesgo inminente de vida y salud de los trabajadores".

La resolución ministerial además señala que "a pesar de encontrarse la planta paralizada, sin producción, al momento de la inspección, poseen acopiados materias primas a granel sólido y líquidos", por lo que el Ministerio de Trabajo ordena un "plan de trabajo de mejora de las condiciones de seguridad e higiene, y un cronograma de trabajo con fecha de cumplimiento a corto plazo".

Casi en simultáneo, los propietarios de Carboquímica del Paraná S.A., que ya en octubre de 2016 comenzaron a tener problemas económicos financieros con la empresa, resolvieron despedir a unos 5 trabajadores y suspender a otros 15. Estos 20 empleados ya recibieron el respectivo telegrama, en tanto hay otros 10 trabajadores que permanecen en una especie de "limbo" en virtud de que no recibieron telegrama alguno pero tampoco pueden ingresar a la planta.

En tanto, el abogado de los trabajadores, Julián Domínguez, en diálogo con El Norte advirtió que "los dueños de la empresa rechazan el reclamo por mejoras de las condiciones de trabajo como también el vinculado a la cuestión salarial". Según explicó Dominguez, cada empleado percibe un salario de 10.000 pesos mensuales. "Es algo completamente ilegal porque esa suma ni siquiera se ajusta al salario Mínimo Vital y Móvil", aseguró.

Sin embargo, la suspensión de tareas no supone que afecte a los trabajadores, en virtud de que debieran seguir percibiendo el salario en condiciones normales hasta que la empresa regularice la situación por la cual se le aplica dicha suspensión.

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