En el marco de la causa “S/Infracción al Art. Nº 55 de la Ley Nº 24.051 y 200 del C.P.”, el fiscal federal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que investigue si el intendente municipal Javier Martínez incurrió en el delito de desobediencia.
Madres de Barrios Fumigados había denunciado un incumplimiento de la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás y apuntó a Martínez, a dos funcionarios municipales y a uno de los imputados en la causa. La acusación obedece a que luego que el juez decretó la suspensión parcial de las aplicaciones en la zona crítica de la ciudad, en el campo de uno de los imputados se habría fumigado haciendo caso omiso a la Justicia Federal.
De acuerdo a información a la que pudo acceder PRIMERA PLANA, en uno de los campos se habría aplicado pese a la prohibición judicial, glifosato, banda verde Roundup 2 y Dicamba, banda verde. Villafuerte Ruzo había dispuesto expresamente la suspensión provisional de las aplicaciones de fumigaciones con plaguicidas, herbicidas, insecticidas y cualquier otro paquete de agroquímicos, indicando expresamente cada uno de los establecimientos rurales.
El representante del Ministerio Público Fiscal entiende que corresponde impulsar la acción penal por la posible comisión del delito previsto en el Artículo N° 239 del Código Penal, en virtud que de probarse la denuncia de la querella tanto el intendente Javier Martínez, como dos funcionarios de la Secretaria de la Producción y el propietario del campo en cuestión, habrían transgredido la obligación impuesta por el titular del Juzgado Federal, Carlos Villafuerte Ruzo.
El Artículo N° 239 del Código Penal dice que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal. Por otro lado, la denuncia aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante para que también se investigue al intendente Javier Martínez por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por no ejecutar la ordenanza que exige realizar estudios para determinar el uso de agroquímicos en tierra y agua de la ciudad y para detectar la posible presencia de plaguicidas en sangre a los vecinos de los barrios afectados ya tiene fiscal a cargo. Se trata de Pablo Hernán Santamarina, titular de la Fiscalía N° 8 del Departamento Judicial Pergamino.
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