Si bien los objetivos de superávit fiscal siguen siendo prioritarios para el Gobierno de Javier Milei, la puesta en marcha de la Canasta Básica Energética (CBE) demanda un análisis minucioso de la situación de cada usuario, a fin de conocer aquellos hogares que seguirán requiriendo asistencia en el pago de los servicios.
La quita de los subsidios se iba a implementar a partir de abril, pero luego se pospuso para el mes de mayo y ahora volvió a sufrir una nueva postergación.
La demora en la implementación se debe a los problemas en el cruce de los datos de los hogares que están inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) con los datos que maneja el Indec, en cuanto a la situación socioeconómica de los usuarios.
Más allá de las cuestiones administrativas, un sector del Gobierno sabe que el tarifazo complicará a millones de argentinos e impactará de lleno en las cifras de inflación. De esta manera, se busca también amortiguar en parte el impacto del fuerte ajuste llevado a cabo por el Ejecutivo.
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