Creado en 1935, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación fue el primer organismo público de América latina encargado de auditar el trabajo de instituciones y empresas.
Denominado en sus inicios Instituto de Racionalización Argentino de Materiales –de ahí deriva la sigla Iram–, en la actualidad es una de las patas fundamentales en las que se está apoyando el agro para encarar el cambio de paradigma que le exigen las nuevas generaciones.
En pocas palabras, alimentos cultivados en condiciones seguras y en ambientes sustentables, una demanda que requiere el paso adicional de las certificaciones que garanticen esa inocuidad.
Iram posee dos normas de calidad para el agro: la 14.110, de buenas prácticas agrícolas; y la 14.130, de buenas prácticas para labores agrícolas. A través de ellas, el organismo certifica los protocolos para depósitos de fitosanitarios de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), los programas Agricultura Sustentable Certificada (ASC) y Municipio Verde de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
Según Marcela Carignani, gerenta de la región Norte-Centro de Iram, ya hay 14 empresas e instituciones (los dos municipios “verdes”) certificadas bajo estos paraguas normativos. Cuatro de ellas, a través la norma 14.130, que es la más reciente y abarca cinco dimensiones de la actividad que se pueden certificar: las labores en general, las pulverizaciones terrestres, las aplicaciones aéreas, la siembra y la cosecha.
La necesidad de los productores de contar con un sello que compruebe que su gestión de los fitosanitarios no tiene riesgos para la salud de la población urbana, ha llevado a que sea la certificación más demandada: además de las cuatro firmas que ya tienen el respaldo del Iram, hay otras siete en proceso de conseguirlo.
Semillas con garantía
Ubicada en la zona de Cañada de Luque, a 130 kilómetros al norte de Córdoba Capital en el departamento Totoral, Estancia La Mónica es uno de los establecimientos que tiene sus labores de pulverización certificadas por el Iram.
En 1.200 hectáreas, su principal negocio es la multiplicación de semillas de maíz, sorgo, trigo, centeno, avena, soja y garbanzo, para semilleros privados.
“Somos growers de maíz para Bayer, que nos exigió tener una certificación al menos en la cuestión de las pulverizaciones. Ese fue el primer paso que iniciamos a fines del año pasado, con la norma 14.130, y ahora a largo plazo la idea es avanzar hacia agricultura certificada”, indica a Agrovoz Juan Lorenzato, titular de La Mónica.
Según el productor, el plan se bifurca en dos propósitos: “Tener una licencia social de que hacemos las cosas bien y aprovechar los nichos que empiezan a aparecer para producciones que tienen certificación y que pueden tener un valor diferencial”.
Entre otras inversiones indispensables, para poder certificar una pulverizadora se necesita construir un piso de hormigón con rejillas de drenaje y piletas colectoras, que será el lugar de carga de los fitosanitarios. El objetivo es que los residuos que puedan caer al piso no se infiltren en los suelos y contaminen las napas.
También se debe instalar una ducha de emergencia con “lava ojos” por si el operario sufre eventualmente alguna salpicadura que pueda afectar su salud.
Del mismo modo, hay que edificar depósitos para bidones de agroquímicos, uno para los llenos y otro para los vacíos, de acuerdo con las normativas vigentes. Por ejemplo, con piso y techo para evitar derrames y lejos de lugares en los que haya personas viviendo.
“Es un lindo trabajo porque te permite también ordenarte internamente, establecer protocolos de funcionamiento para todo, y tener una organización interna de la plantilla de trabajadores, que deben cumplir capacitaciones periódicas”, agrega Lorenzato.
Controles
José Vocos es uno de los ingenieros agrónomos que oficia como auditor externo de Iram en Córdoba y coincide en que uno de los principales beneficios de incorporar estos procesos es que “ayuda a las empresas a ordenarse”.
“En el caso de la norma para labores agrícolas, son muchos aspectos los que se observan: la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de las leyes, el funcionamiento de las máquinas, que las compañías y los operarios tengan todas las habilitaciones y que estén desarrollados procedimientos en caso de emergencia o accidente”, resume.
En Córdoba, ayuda al control la existencia de la ley provincial 9.164 que regula el uso de agroquímicos y que obliga a respaldar cada aplicación con una receta fitosanitaria.
En lo que respecta a la pulverizadora en sí, se evalúa cómo se almacenan y transportan los fitosanitarios, cómo se cargan los caldos, qué se hace con los líquidos sobrantes y cómo se efectúa el lavado de máquinas y tanques.
Según Vocos, una clave en este contexto es que los establecimientos deben llevar numerosos registros de datos sobre estos procedimientos. “Esto es, en la práctica, un sistema de gestión de calidad que requiere de bases documentales para que el auditor luego compruebe que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Es lo que se denomina la burocracia positiva de las normas de calidad”, concluye.
Taller en Córdoba
En este contexto, con el fin de aportar más información sobre estos temas, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (Iram) realizará el jueves 19 de diciembre en sus oficinas de Córdoba (Hipólito Yrigoyen 146 – 8° A) un taller de implementación de la norma 14.130, de buenas prácticas para labores agrícolas.
El objetivo de la capacitación es dar a conocer las herramientas básicas necesarias para poder incorporar este sello de calidad. Está dirigida a productores, profesionales y técnicos que se desempeñan en la producción primaria.
La gerenta regional del Iram en el norte y centro del país, Marcela Carignani, enumeró cuáles son los primeros pasos que debe dar una empresa agropecuaria que quiera certificar sus labores.
En principio, leer las normas que establecen los requisitos a cumplir y revisar la bibliografía existente, para entender cómo se implementan. Luego, formar un equipo y definir una estrategia, que debe ser adoptada por la organización en su conjunto.
A partir de esta base, determinar las necesidades de capacitación del personal. Todo esto, en la medida de lo posible, con el asesoramiento de consultores que ayuden a elaborar la estrategia de implementación para que sea posible, realista y accesible desde un punto de vista económico.
También recomienda el Iram elaborar procedimientos que describan claramente los procesos y cuáles son las mejores prácticas que pueden llevar a alcanzar el éxito en los mismos.
Por último, a la hora de la implementación, documentar y demostrar la eficacia del sistema.
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