El Municipio de Olavarría afronta un escándalo tras destaparse una serie de denuncias por un presunto “uso indebido” de vales por mercadería y las tarjetas alimentarias “Cabal”, el sistema de ayuda social digitalizado que ideó la gestión del intendente Ezequiel Galli (PRO) para reemplazar a la antigua bolsa alimentaria.
Las presuntas irregularidades apuntan hacia la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Silvana Rosales, una funcionaria de la primera hora de la gestión municipal gallista que asumió en 2016, luego de un paso por la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La olavarriense es la primera diputada provincial suplente de Juntos por la Séptima sección electoral (en 2019 ocupaba el cuarto lugar en la nómina).
Fuentes municipales admitieron la existencia de acusaciones internas y decidieron dar inicio a una auditoría que encabeza el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani. El procedimiento administrativo busca determinar “fehacientemente” si existieron o no malos manejos en los fondos.
Según pudo saber este medio, a la funcionaria en cuestión decidieron apartarla temporalmente del cargo pero la propia involucrada puso a disposición su renuncia y la salida se hará efectiva en las próximas horas. En el Municipio hablan de un “desgaste” en la gestión, independientemente de este último episodio.
En cuanto al tenor de las denuncias, desde la gestión municipal creen que no será difícil realizar la trazabilidad en el uso de las tarjetas (aunque se habla de remanentes, todas las credenciales tendrían un beneficiario asignado y sería simple determinar si hubo alguna irregularidad).
Más difícil de corroborar es la situación con los denominados vales de mercadería, ya que el control de su distribución no estaría tan sistematizado. Según indicaron beneficiarios de ese programa, existen tres tipos de vales: lácteos, verduras y carne, pero únicamente están destinados a personas que padecen algún tipo de enfermedad.
Por el momento no existe una causa penal, aunque sectores de la oposición exigieron a las autoridades municipales que de forma “urgente” concurran a sede judicial a realizar la denuncia penal.
La nueva tarjeta del Programa Alimentario Municipal (PAM) había sido lanzada en mayo de 2022 por el Municipio bajo el concepto de “combatir el asistencialismo” en la ayuda social que brinda el Estado. La propuesta busca empoderar a los beneficiarios a que puedan comprar libremente productos alimenticios en comercios de barrio, panaderías, despensas, supermercados y almacenes.
Inicialmente disponía de un presupuesto de 10 millones de pesos, cifra que se elevó a 15 millones en febrero de 2023 y alcanza a más de 3500 beneficiarios. Mensualmente, les depositan alrededor de 4 mil pesos para la compra de alimentos.
Al término de la sesión ordinaria del HCD de Olavarría, el Frente de Todos, presentó un pedido de Sesión Especial “urgente” para tratar tres proyectos que buscan “esclarecer lo ocurrido en el área de Desarrollo Social que maneja Diego Robbiani”.
“Es de suma gravedad lo que está sucediendo”, manifestó la presidenta del interbloque del FdT, Mercedes Landivar.
Uno de los puntos busca que el Municipio radique la denuncia penal porque “estamos hablando de un delito penal” y como “funcionarios si no lo realizan vamos a tener que ir nosotros” advirtió.
También pidieron a Ezequiel Galli que por su intermedio “le peticione a Diego Robbiani para que asista al recinto y aporte la información necesaria”.
Además le demandan al Jefe Comunal que requiera al Tribunal de Cuentas una auditoria general externa, “no como la que están realizando ahora que la realiza el mismo personal”.
“Ameritaba que dijéramos algo. Que no nos hagamos los distraídos. Es una funcionaria que no arrancó hace unos meses, está desde el 2016. Es gravísima la situación porque estamos hablando de la utilización de la tarjeta alimentaria de un sector más vulnerable de nuestra comunidad. Todos deberíamos expresarnos y mostrar preocupación, con responsabilidad y seriedad y que no salgan a decir que estamos haciendo una utilización política de esto” consideró.
Cabe mencionar que para convocar a una sesión especial, se necesitan siete firmas, cifra que posee el interbloque del Frente de Todos por lo que Presidencia del HCD, deberá convocar a la reunión en los próximos días.
Olavarría no es el primer municipio gobernado por el PRO en el que hubo denuncias sobre irregularidades en el manejo de ayudas sociales. En Pinamar, hubo una causa por el robo de Tarjetas Alimentar en la que estaban implicados empleados de la comuna. Pese a algunas denuncias hacia el intendente Martín Yeza, finalmente la justicia lo sobreseyó al considerar que los funcionarios municipales "actuaron conforme a la ley y a sus responsabilidades", al punto que ellos mismos denunciaron el hecho.
En paralelo a la polémica por las ayudas sociales, se conoció que el asesor del área de Desarrollo Social Mariano Ciancio que se encontraba suspendido tras estar imputado en la causa por la presunta venta ilegal de terrenos municipales presentó formalmente su renuncia.
Aunque alegó “causas personales”, la determinación del dirigente barrial se habría dado luego de un cierto “fastidio” por la demora en la resolución judicial que lo tiene involucrado como uno de los cuatro imputados por “estafas reiteradas”.
Pese a ser apartado de la gestión, Mariano Ciancio mantenía un vínculo político con el oficialismo a través de una serie de tareas que realizaba en el local del PRO y que facturaba a “Juntos por Olavarría” por "servicios prestados".
El escándalo de la venta de terrenos se destapó hace dos meses, cuando salieron a la luz una serie de denuncias realizadas por vecinos que fueron víctimas del engaño. Los damnificados, entregaron importantes sumas de dinero como parte de los trámites iniciales para la compra de terrenos privados y fiscales.
Además del ex asesor mencionado, se encuentran imputados Claudio Peralta, el hombre que meses atrás se atrincheró con una cuchilla en un comercio y los policías Leonardo Sampaoli y Nelson Loisa.
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