Uno de los acusados, Sandro Férgola, había pedido declarar nulo su procesamiento porque había sido firmado por Bruglia, a quien consideró un juez trasladado que no había sido designado con acuerdo del Senado como camarista, conforme con la Constitución Nacional.
Pero ahora la Casación, en línea con lo resuelto por la Corte Suprema en el caso de los jueces trasladados, rechazó la nulidad de la intervención del juez Bruglia. También rechazó un recurso para apartar a la Unidad de Información Financiera como querellante. Se trata de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez.
Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, no hicieron lugar a dos recursos de queja interpuestos por la defensa de Sandro Férgola.
Los camaristas le denegaron un planteo de nulidad del procesamiento que había dictado el juez Leopoldo Bruglia el año 2018. Férgola cuestionaba el procesamiento por defraudación a la administración pública invocando que había sido firmado por Bruglia, que, a su criterio, no había sido nombrado camarista conforme con lo que indica la Constitución.
Tras citar al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Bruglia y de Pablo Bertuzzi, la Cámara de Casación remarcó la validez de lo actuado por el camarista.
Por otro lado, el tribunal no hizo lugar a un pedido de la defensa de Férgola para apartar a la UIF de su rol de querellante. La defensa del acusado había argumentado que la UIF solo podía intervenir en causas en donde se investigue el delito de lavado de activos.
Pero la Casación rechazó esa idea y remarcó la posibilidad de que la UIF investigue y querelle en maniobras que podrían ser consideradas como el delito precedente al lavado de activos. En este caso, la defraudación a la administración pública. Así quedó firme en la causa la intervención de la Unidad de Información Financiera.
Férgola, que fue gerente de obras y servicios viales de la Dirección Nacional de Vialidad, está acusado de incumplir los deberes de su cargo al convalidar los procesos supuestamente irregulares llevados adelante por Vialidad de Santa Cruz, a través de la emisión de su opinión favorable con respecto a la homologación de las licitaciones en al menos 26 expedientes, pese a las irregularidades que presentaban.
El primer tramo de esta causa se encuentra en juicio desde mayo de 2019 y la principal acusada es la vicepresidenta Cristina Kirchner. La acompañan entre los imputados Lázaro Báez, José López y Julio De Vido, entre otros.
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