Tras una investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, el juez Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, dictó el procesamiento por el delito de trata de personas contra una pareja de productores agropecuarios y un abogado que tenían a su cargo la explotación de un campo ganadero en la zona de Sierra de los Padres.
Las tres personas acusadas fueron procesadas por el delito –agravado- de trata de personas con fines de explotación laboral y con el objeto de reducir o mantener a las víctimas en condiciones de esclavitud o servidumbre. El productor agropecuario, además, está acusado del delito de coacción agravada, lesiones leves agravadas y lesiones leves y daño.
Para el juez, los tres co-imputados “habrían actuado en connivencia y tenían pleno conocimiento de las tareas desarrolladas en el campo, y de la situación en la que se encontraban las víctimas”. Al analizar la situación del letrado, el juez sumó que “dado su profesión de abogado y conocimiento específico respecto de la ley, no podía (…) desconocer la ilegalidad en la que se enmarcaba la situación de las víctimas”.
Además, el juez dispuso un embargo preventivo de 5 millones de pesos sobre cada procesado/a, al contemplar el costo estimativo a calcularse por cada una de las víctimas en concepto de salarios no abonados e indemnizaciones.
Amenazas y agresiones, escape y denuncia
La causa se inició luego de que una familia –una pareja junto a su hijo de un año- tuvo que escapar del campo donde estaban trabajando y viviendo por las agresiones y amenazas que un hombre, a quien indicaron como dueño del lugar, propinó contra ellos.
A partir de los hechos, que sucedieron el 2 de junio de este año, se formó una causa en el fuero provincial, que finalmente pasó al fuero federal ante la posible configuración del delito de trata de personas, luego de que las víctimas relataron la situación en la que se encontraban.
En esa oportunidad la pareja relató en la sede policial de Balcarce que hacía dos meses prestaban funciones en la estancia Santa Catalina, ubicada entre aquella ciudad y Vivoratá. Hasta allí había llegado el productor imputado junto a su pareja- a bordo de una Toyota Hilux blanca, junto a otras personas. La mujer le reclamó alimentos adeudados y las condiciones “denigrantes” en que estaban ante la imposibilidad de darle de comer a su hijo, un bebé de un año. La respuesta que obtuvieron, según sus dichos, fueron agresiones verbales y físicas.
Desencajado
De acuerdo a la denuncia, el hombre habría esgrimido un cuchillo y luego habría tomado un palo con el que comenzó a romper todos los vidrios del colectivo en el que se resguardaban. Los cristales rotos cayeron sobre el bebé que estaba en el interior del habitáculo. También denunciaron que el sujeto rompió una moto, propiedad de la pareja agredida, y que la roció con combustible mientras gritaba “préndalo fuego”. Incluso, denunciaron que tomó al bebé de la capucha de la campera y afirmó su cuchilla en el cuello del niño, que lloraba desconsoladamente, mientras pedía que le trajeran un revolver que tenía en la camioneta.
Cuando lograron tomar al niño corrieron fuera del predio para escapar, hasta que fueron alcanzados por la camioneta, que los encaró a toda velocidad, haciéndolos caer en una zanja al costado de la calle. En ese devenir, las víctimas lograron pedir ayuda y llegar hasta la comisaría para hacer la denuncia. En simultáneo, personal policial interceptó en un camino vecinal, al acusado y sus acompañantes a bordo de la camioneta, de donde se secuestró un cuchillo de 12 centímetros de hoja, y detuvo al productor rural denunciado.
Programa Nacional de Rescate
Cuando tomó intervención la Fiscalía Federal N°1, a cargo de la fiscala Laura Mazzaferri, se ordenó la inmediata participación en el expediente del Programa Nacional de Rescate para asistir a las eventuales víctimas, y se dispuso en forma urgente, tareas investigativas encubiertas tendientes a constatar los hechos denunciados y a descartar la existencia de otras víctimas que pudieran encontrarse en situación de explotación en el predio rural de nombre “Estancia Santa Catalina”, por lo que, apedido de la fiscalía, el juzgado dispuso el allanamiento urgente del predio rural y la vivienda de la pareja que explotaba el campo, en la zona de Sierra de los Padres, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
En particular, se encontró el contrato de aparcería del campo de más de 400 hectáreas, suscripto por la mujer y el abogado procesados. Ambos, en su carácter de responsables, administradores y/o explotadores del lugar, fueron citados a prestar declaración indagatoria, y si bien la mujer acudió al llamado judicial, no pudo darse en una primera instancia con el paradero del letrado, quien además habría intentado entorpecer el eventual testimonio de las víctimas. Por ese motivo se dispuso su rebeldía y orden de captura, que pudo concretarse a mediados de noviembre mientras caminaba por el centro de Mar del Plata. (InfoGEI)Jd
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