La situación desencadenada por los problemas de acceso al agua potable tuvo ayer un nuevo episodio.
Un grupo de alrededor de 30 vecinos se manifestaron en la puerta del Palacio Municipal para exigir a las autoridades que se realice en tiempo y forma la entrega de bidones, ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás y que se les viene negando desde principios de mes, según consta en la denuncia realizada por los damnificados ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo y también por numerosos comentarios realizados en los medios de prensa.
La propuesta inicial de los manifestantes era visibilizar el reclamo, dar a conocer la situación por la que están atravesando los habitantes de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida y ser recibidos por las autoridades para exigirles el cumplimiento de la orden judicial, que los obliga a garantizar el suministro de agua potable.
La manifestación se desarrolló en medio de un fuerte operativo con unos 15 efectivos policiales afectados: cinco en la esquina de San Nicolás y Florida; cinco en Merced y Florida y otros tantos en la puerta de ingreso al edificio; éstos últimos equipados con cascos y escudos antidisturbios.
Llamó la atención el despliegue desproporcionado si se tiene en cuenta que participaron de la convocatoria alrededor de 30 personas, en su gran mayoría mujeres y a las que se les negó enfáticamente el acceso al Palacio Municipal.
Sabrina Ortiz, damnificada y abogada representante de varias familias en la misma situación, intentó ingresar al edificio para hablar con los funcionarios y los efectivos policiales se lo impidieron diciéndole abiertamente que debían cumplir “una orden” y luego le informaron que “es algo personal con vos”, un detalle que es como mínimo sugestivo porque todo ciudadano tiene el derecho de ingresar a un edificio público y además el de peticionar a las autoridades, está garantizado en el Artículo Nº 14 de la Constitución Nacional.
Por otra parte, Sabrina Ortiz no sólo es damnificada sino que fue elegida entre los vecinos como representante legal y referente de la causa, por lo que el hecho de impedirle ingresar a la Municipalidad por cuestiones personales es algo que los funcionarios deberían al menos aclarar. Habrá que aguardar sí ésta vez los concejales tienen alguna reacción.
A fines del año 2020, no solo el Gobierno de Pergamino niega selectivamente el ingreso de vecinos al Palacio Municipal, decisión que está mucho mas cerca de la época de la dictadura militar que de 1983 a ésta parte de la historia sino que tampoco responde a la necesidad de agua potable para las familias de la zona noreste, pese a que un Juzgado Federal le ordenó suministrarla en dos oportunidades.
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