La Cámara Federal de Rosario confirmó esta semana la sentencia de primera instancia del Juzgado Federal Nro. 2 de San Nicolás, que dispuso en el mes de Agosto de 2019 una medida cautelar que ordenó la prohibición de las fumigaciones con agroquímicos a una distancia inferior a los 1095 metros (aplicación terrestres) y 3000 metros (aplicaciones aéreas), respecto de toda la planta urbana de la localidad de Pergamino en el centro sojero y en la capital del agronegocio de la Argentina, donde la empresa Monsanto de Bayer tiene sus campos de experimentación de agroquímicos.
El año pasado, por primera vez la justicia procesó a productores rurales y avanzó en buscar responsabilidades políticas ordenando investigar al Intendente de Pergamino, Javier Martínez, de Juntos por el Cambio. Salió entonces a la luz la estrecha vinculación del jefe comunal con las empresas de agronegocios a través de la “Fundación por Pergamino”. Quedó al descubierto la connivencia entre gobiernos y fundaciones que esconden sus verdaderas intenciones detrás de la beneficencia y que no operan solo en esa ciudad.
Sin embargo, el “Caso Pergamino” pasa desapercibido para algunos alcaldes.
En el partido de Tandil 532 pobladores de Gardey, no logran que el Intendente, Miguel Ángel Lunghi, ponga límites al lobby sojero. Estudios realizados por la Universidad Nacional del Centro encontraron en suelos y pozos de agua de 15 escuelas rurales, 16 tipos de agroquímicos . Las muestras de suelo se tomaron de los espacios en donde los chicos habitualmente juegan, y las de agua, del tanque que la suministra para el consumo.
El propio municipio en su portal de turismo define a Gardey como “un pueblo tranquilo, aunque dinámico” integrante del circuito turístico rural. Un pueblo que, en los últimos años recibió a nuevas familias que llegaron en busca de la supuesta tranquilidad que ofrece la tercera localidad en habitantes del partido de Tandil. Una tranquilidad amenazada por los problemas de salud derivados de la exposición al glifosato.
“Acá en Gardey no se dejó de fumigar nunca durante la pandemia, el sector agroindustrial sigue funcionando, no toleramos más el atropello que sufre nuestra salud mientras que el municipio mira para otro lado””, dice Pablo Orcajo, vecino del lugar esperanzado en que la nueva ordenanza en que está trabajando el Concejo Deliberante para reemplazar la del 2012 mejore su calidad de vida y la de sus vecinos.
En los últimos días de septiembre Lunghi recibió una carta del Defensor del Pueblo de Buenos Aires Guido Lorenzino, que lo intima a poner fin al padecimiento de los pobladores de Gardey y le solicita que “arbitre las medidas pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos y que ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el área de conflicto”.
En Ayacucho esta semana se comenzó a conformar una mesa de trabajo, enfocada en la reglamentación sobre uso de agroquímicos. Dividiendo responsabilidades el intendente Emilio Cordonnier, de Juntos por el Cambio, convocó a la Dirección Municipal de Producción, Concejales de ambos bloques, INTA, Sociedad Rural, Federación Agraria, Colegio de Ingenieros Agrónomos, CEA N° 12 y Escuela Agraria N° 1. Habrá que esperar que se avance en las conversaciones para ver resultados.
Rafael De Luca, médico hospitalario que desde el 2011 se desempeña en el hospital de Chillar, una localidad de 3083 habitantes en el partido de Azul, en diálogo con PolíticaYMedios recordó que “la soja transgénica ingresó al país en 1996 cuando el actual canciller Felipe Solá, ocupaba la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el gobierno de Carlos Menem. Desde entonces para mantener la rentabilidad de los cultivos se utilizan toneladas de agroquímicos y Argentina está a la cabeza en el consumo de glifosato y otros venenos”.
“Todo lo que se tira en el campo termina en el plato” ejemplificó De Luca quien considera que con el modelo de agronegocios que viene impuesto desde los países centrales “se pierde la soberanía alimentaria y el derecho a la salud”. En su trabajo cotidiano se enfrenta con distintas enfermedades de raíz común: “El alimento que termina siendo veneno”. En el partido de Azul hay 65 mil hectáreas el 60% de las cuales están chacreadas y fumigadas con agroquímicos . Para De Luca vale la pena preguntarse: “¿Cómo es posible que Bayer que produce medicamentos para curarnos sea la dueña de Monsanto que es la que nos enferma?”.
Mientras el agronegocio y la política se complementen, la única posibilidad que se vislumbra es “la transición hacia la protección sostenible de las plantas en la agricultura”. Un tema en el que viene trabajando la investigadora del CONICET y del INTA Balcarce, Virginia Aparicio.
Un proyecto que involucra a varios países y que, en Argentina, está a cargo del Centro Regional Buenos Aires Sur integrado por la EEA INTA Balcarce y la Chacra Integrada Barrow, de Tres Arroyos.
“Es posible producir cultivos extensivos aprovechando en mayor medida los procesos naturales y las interacciones beneficiosas para reducir el uso de insumos y mejorar la eficiencia de los sistemas agrícolas”, explica Aparicio en respuesta científica al planteo de productores que argumentan que no existen métodos alternativos al sistema agroindustrial para obtener ganancias.
El estudio de Chacra Integrada Barrow e INTA Balcarce comparó la productividad agronómica, algunos parámetros de suelo vinculados a su calidad y los resultados económicos mediante un análisis multitemporal entre sistemas de agricultura industrial y la transición agroecológica. Los resultados demostraron que los parámetros de suelo evaluados mejoraron en el sistema de transición agroecológica respecto de la agricultura industrial. “El sistema de transición agroecológica propuesto podría ser aplicable en producciones extensivas”, sostiene la investigadora local.
El grupo de científicos que desde distintos lugares del planeta busca alternativas al agronegocio sabe que todo dependerá de decisiones políticas de fondo. La directora del equipo, la investigadora chilena Violette Geissen, lo explica así: "Este proyecto responderá a muchas preguntas de vital importancia para los ciudadanos. Estoy segura de que podemos ayudar a los reguladores y a los responsables políticos a tomar decisiones bien informadas para introducir soluciones más sostenibles a las prácticas agrícolas. No es un momento fácil para comenzar un nuevo proyecto, pero los problemas actuales con el uso de plaguicidas hacen que no podamos demorarnos”.
La creación del Observatorio Técnico de Agroquímicos en la provincia de Buenos Aires nos acerca a un Estado más amigable con el medio ambiente, pero la decisión de agricultura de Nación de aprobar el primer trigo transgénico denominado HB4 resistente a la sequía y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, vuelven a hacernos pensar en cómo será la alimentación de los argentinos del futuro.
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