El juez Luciano Savignano, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1del Departamento Judicial Pergamino, firmó la sentencia que fija una indemnización para los familiares de una de las víctimas de la tragedia ocurrida en la Comisaría Primera, el 2 de marzo de 2017.
Se trata de la primera resolución vinculada con una compensación económica, en el marco de la causa penal por “Abandono de persona seguida de muerte”, en los calabozos de la dependencia policial que funcionaba en calle Dorrego al 600, donde murieron 7 detenidos y por lo cual se condenó a 6 policías, en diciembre pasado.
El fallo se emitió el jueves, es en favor del hijo menor del detenido Franco “Paco” Pizarro, donde el magistrado señaló que si bien en la Provincia de Buenos Aires no existe aún una ley que regule la responsabilidad del Estado, eso no puede ser obstáculo para fijar una reparación en cada caso y aplicó una norma similar vigente para el ámbito nacional.
También, de acuerdo a los hechos comprobados en la causa que instruyó la Fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino y lo ratificado en el juicio, se estableció que existió una omisión de la debida diligencia por parte de los agentes policiales en la prevención y sofocamiento del trágico incendio y de asistencia a los detenidos en la seccional. Eso constituyó una “falta de servicio” del Estado que causó daños, por lo que debe ser responsable de sus consecuencias patrimoniales respecto de las víctimas o de sus descendientes.
El dictamen del juez Savignano destaca diversa normativa local, nacional e internacional, que fijan parámetros para el trato de las personas privadas de su libertad. Y además recuerda también diversa jurisprudencia provincial, nacional e internacional -de tribunales regionales americanos y europeos- que determinaron responsables a los Estados por tratos dispensados a personas privadas de su libertad, hasta en algunos de esos casos con profundas similitudes al hecho que tuvo lugar en la Comisaría Primera donde perdieron la vida además de Pizarro, Sergio Filiberto, Federico Perrota, Alan Córdoba, John Mario Chillito Claros, Juan José Cabrera y Fernando Emanuel Latorre.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº fijó una indemnización, que ante la falta de acreditación fehaciente de ingresos, tuvo que recurrir a su fijación a los parámetros tomando como base el Salario Mínimo, Vital y Móvil y a partir de allí construir una determinación hipotética de ingresos, teniendo en consideración también que Franco “Paco” Pizarro -como señaló la Asesoría de Incapaces del Departamento Judicial Pergamino- poseía otro grupo familiar y que hacía suponer que no todos sus entradas económicas eran destinadas a quien en este caso accionó.
Además el magistrado fijó, a partir también de esos parámetros, una indemnización hasta los 21 años del menor y otra suma por Daño Moral.
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