Más del 30% de los chicos que asisten a escuelas privadas en el país se encuentran en situación de pobreza, según un informe que presentó hoy el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y cuyos resultados preliminares fueron enviados al secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, vinculado académicamente antes de ser funcionario con esa casa de estudios. Son unos 356.081 alumnos que representan el 5,2% del total de los chicos escolarizados en la Argentina.
¿Qué significa este número? “Que son muchas las familias que, a pesar del contexto económico adverso, hacen el esfuerzo enorme por enviar a sus hijos a una escuela privada por distintas razones, como la inseguridad, los paros docentes, la falta de vacantes, la distancia, la necesidad de una jornada extendida, o simplemente porque sienten que así están dando un paso para que sus hijos logren un ascenso social a través de la educación”, explica Ianina Tuñón, la investigadora de la UCA, especialista en infancias, que llevó adelante el estudio.
Los datos aportan otra dimensión de esta realidad: son familias que incluso destinan la ayuda social o el cobro de la Asignación Universal por Hijo para garantizar el pago de la cuota. Se trata de escuelas, tanto laicas como religiosas que, al tener subvención del Estado, ofrecen su servicio por cuotas que van entre los 25.000 y los 35.000 pesos y que aun así, representan un enorme desafío para las familias para poder estar al día con el pago.
No es sencillo: según el informe, el 5,5% de los alumnos de escuelas privadas laicas es indigente y casi el 8% padece inseguridad alimentaria. Esto es, no tiene garantizada la alimentación todos los días: en el 1,5% de los casos, la situación es extrema. No es un dato menor, ya que las familias que envían a sus hijos a establecimientos privados, no reciben la asistencia directa del Gobierno, como, por ejemplo, la entrega de una caja de alimentos básicos una vez por mes, o servir almuerzos o desayunos o meriendas para los chicos que concurren a la institución. Los subsidios que se reciben y que van entre el 40% al 100% se destinan exclusivamente al pago de salarios docentes.
En las escuelas religiosas, el panorama es similar: el 33,9% de los chicos son pobres. De ellos, el 8,8% viven en la indigencia. Y el 12,5% sufren inseguridad alimentaria, y el 1,1%, en situaciones extremas.
En los establecimientos públicos, el 71,6% de los chicos vive en la pobreza. De esa cifra, el 18.4% es indigente. El 38% sufre inseguridad alimentaria y el 17,3%, llega a situaciones severas, explica el informe de la UCA.
“La incidencia de la pobreza en la población que asiste a colegios privados es un dato que, visto a lo largo del tiempo, es bastante estructural. Creció en 2017 y en la pandemia, volvió a aumentar en 2023, cuando se hizo la medición. No sabemos qué está ocurriendo en 2024, es probable que se haya incrementado”, explica Tuñón.
“Quisimos visibilizar a esta población vulnerable que se queda por fuera muchas veces de las políticas públicas destinadas a la infancia. Por ejemplo, cuando se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) una de las características que definió el decreto fue que solo alcanzaba a niños que asistieran a escuelas públicas. Esto es una muestra de inequidad. Ya desde hace algún tiempo, se les está pagando también a quienes envían a sus hijos a escuelas privadas, pero porque se relajaron los controles, pero no porque se haya modificado la medida”, explica Tuñón. De hecho, según el informe, el 12,1% de los alumnos que concurren a colegios privados laicos reciben la AUH, lo mismo que el 13,7% de los que van a escuelas religiosas.
Esta población, plantea Tuñón, queda por fuera de muchas de las políticas compensatorias de los gobiernos nacionales y provinciales, por el solo hecho de enviar a sus hijos a una institución privada. “La realidad es que la oferta de la escuela pública no estaría en condiciones de recibir y dar educación a todos estos chicos. Pero, de igual forma tiene que garantizarle sus derechos y reconocer la función social que cumplen las escuelas privadas, ya sean laicas o religiosas”, expone.
Son muchos los factores que hacen que los hijos de las familias de bajos recursos que eligen la educación privada se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad con respecto a los que optan por la pública: por ejemplo, al comienzo de año tienen que comprar uniformes y los libros, mientras que en muchos distritos, los estudiantes de establecimientos públicos reciben los materiales de estudio de forma gratuita y no concurren con uniformes. Además, quedan por fuera de las ayudas alimentarias del Gobierno. Y tampoco reciben equipamientos tecnológicos, como las computadoras o las tablets que se entregaron como parte de los programas de alfabetización digital. Además, de la amenaza mes a mes de no saber si van a poder pagar la cuota, con los aumentos y que esta situación ponga en riesgo la continuidad de la escolaridad de sus hijos.
“Es un sector de la población que queda invisibilizado, por un rótulo equivocado y que requiere ser alcanzado por las políticas públicas. Si tenemos un Estado con recursos limitados, el aporte que hacen estas escuelas privadas, incluso con los aportes económicos oficiales, es fundamental. Al Estado no le sirve que esos chicos se pasen a la escuela pública, donde ya hay muchos otros desafíos. Cuando la ley de educación dice hay que apuntar a los sectores más vulnerables, hay que incluir a estos chicos en las políticas”, afirma Tuñón.
Cuando se le consulta por qué estas familias, a pesar de estar pasando una situación económica extrema, eligen la educación privada, Tuñón argumenta: “Porque sienten que son sistemas de mayor protección para sus hijos. Son sectores que cayeron en la pobreza. Muchas veces, los dos padres trabajan y aun así no alcanzan el umbral de ingresos para garantizar la canasta básica. O son familias que son ‘aspiracionistas’: a pesar de hacer vivido siempre en la pobreza creen que la educación es la posibilidad de un ascenso social, y quieren eso para sus hijos. Otros, porque necesitan jornadas extendidas, para poder trabajar o porque necesitan que sus hijos tengan clases todos los días”, señala.
Hace un mes, los responsables del estudio le presentaron las conclusiones a Torrendell, que se manifestó muy interesado en los datos. Fue antes de que se anunciara la ampliación del ingreso familiar y la asignación de la ayuda escolar de 70.000 pesos, que esta vez alcanza a todos los estudiantes en una muy amplia franja de ingresos.
“Es muy interesante este informe”, indica Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba). Y completa: “Refleja algo que venimos sosteniendo hace tiempo. Hay que desmitificar y quitar los prejuicios sobre la educación privada. Nuestra oferta es muy amplia, abarca una matrícula de tres millones de alumnos en toda la Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene casi la mitad de esos alumnos. Entre las escuelas del conurbano bonaerense, hay una mayoría de instituciones laicas, que atienden a estratos socioeconómicos medio-bajo. Son escuelas que cobran cuotas que van desde los 25.000 a los 35.000 pesos; 40.000 pesos como mucho. Entonces, realmente vemos el esfuerzo que hace una clase trabajadora, que valora la educación para sus hijos, como un pilar”.
Y concluye: “Estas escuelas privadas están cumpliendo ese rol que es muy importante. Hoy justamente son las más golpeadas por la crisis económica y las que presentan mayor dificultad a la hora de soportar un aumento de cuotas. Por eso, estamos muy expectantes del anuncio que hizo el gobierno nacional respecto a la ayuda para familias que tienen a sus hijos en escuelas privadas, particularmente en este tipo de instituciones. Creemos que es muy importante esa ayuda para sostener esta matrícula en momentos de dificultad económica”.
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