La Municipalidad de Pergamino aplicó la estrategia de un ataque como defensa y denunció a una mujer por generar una “demanda ilegal” de agua.
El hecho se da en el marco de la causa por la contaminación ambiental y calidad del agua, que tramita ante el Juzgado Federal de San Nicolás, donde se determinó que el Municipio debe garantizar el suministro en los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida, orden que se venía cumplimentando mediante la entrega de bidones con agua potable a las familias afectadas.
Según informaron los funcionarios municipales, la mujer denunciada se ponía en contacto con vecinos que estaban fuera del área afectada por la resolución y, haciéndose pasar por agente judicial, los persuadía de que debían exigir la entrega de bidones de agua potable para luego, ante la negativa de la Municipalidad, denunciar el incumplimiento ante la Justicia.
La acusación realizada por la Municipalidad generó no pocas suspicacias y varios pensaron que toda la historia es una maniobra orquestada desde los más altos rangos de funcionarios para eludir posibles sanciones penales y encontrar una “explicación formal” para la interrupción del suministro de agua potable que se redujo por la sola decisión del intendente Javier Martínez, hecho que motivó que el juez Carlos Villafuerte Ruzo, emita el viernes una resolución en la que se critica severamente la actitud del Municipio ante la grave situación y dio vista al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Matías Felipe Di Lello, para que determine la comisión posibles delitos.
Las sospechas sobre lo oportuno de la denuncia crecieron más aún cuando se supo la identidad de la mujer acusada, que no es una vecina más sino nada menos que Mercedes Atie, una persona pública, comprometida con la ciudad y de larga trayectoria en distintas actividades relacionadas con el servicio comunitario.
Es docente desde 1985 y directora de escuela durante cinco años. Trabaja desde 1998 en los foros de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente estuvo al frente del Foro de Seguridad de la jurisdicción de la Comisaría Tercera.
Además, Mercedes Atie posee una larga trayectoria en el Programa de Participación Comunitaria en Seguridad Pública, con aval de la propia Municipalidad de Pergamino y el Centro de Investigaciones en Políticas de Seguridad. Participó también como coordinadora de los talleres “Derecho a la gente”, realizados en nuestra ciudad y localidades del Partido, avalados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y acompañando a Graciela Scaraffía, cuando se desempaña como Defensora General del Departamento Judicial Pergamino.
Fue parte de las jornadas de presentación y evaluación de los resultados de los talleres junto a la exprocuradora bonaerense, María del Carmen Falbo y también formó parte las jornadas de capacitación a foros de seguridad “Experiencias Latinoamericanas de control y evaluación de la gestión policial y de prevención comunitaria de la violencia”, con aval del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
En 2008, comenzó a trabajar junto al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la coordinación de los talleres “Los jueces van a la escuela” del Instituto de Estudios Judiciales, recorriendo las escuelas del ámbito rural y urbano de nivel secundario, posibilitando que los funcionarios brinden conocimientos específicos en los establecimientos educativos de Pergamino y localidades.
Cuesta creer que una mujer con una trayectoria de 35 años de servicio público, de larga experiencia en políticas de seguridad, haya planificado y ejecutado una maniobra tan burda de engaño no sólo hacia el Municipio o el Juzgado sino también hacia los vecinos. Sobre todo si se tiene en cuenta la forma en la que se produce la denuncia y el contexto en el que se realiza.
Luego de tres intimaciones por parte del Juzgado Federal para que la Municipalidad cumpla en tiempo y forma con la entrega de bidones de agua segura, después que Villafuerte Ruzo ordenara a la Policía Federal que registrara la oficina de un funcionario para obtener documentación original en la causa, justo cuando, además, se dictamina garantizar el acceso al agua potable también a un conjunto de familias del Barrio Santa Julia, que en éste momento oportuno aparezca una denuncia, que señala a una persona pública, sin ningún antecedente de conflicto con la ley y con reconocida trayectoria de servicio a la comunidad, es al menos llamativo.
La situación genera demasiadas suspicacias. La denuncia fue formalizada por la Municipalidad y será materia de investigación. Eso es tan cierto y concreto como las presentaciones judiciales de los vecinos de la zona noreste, afectados desde el 3 del corriente mes porque dejaron de recibir agua potable de parte de la Municipalidad y quienes ofrecieron elementos probatorios suficientes respecto del incumplimiento del suministro, situación que se mantiene de igual manera hasta la fecha.
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