La Autoridad del Agua (Ada), dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, emitió un informe sobre las actuaciones en el Municipio de Pergamino respecto de los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida.
El documento al que PRIMERA PLANA tuvo acceso en exclusiva señala aspectos de suma importancia e inclusive que generan particular consideración.
El informe hace referencia a las primeras intervenciones del AdA en la problemática, a partir del 18 de marzo. La Autoridad del Agua lo hace por pedido expreso de la Municipalidad de Pergamino, a través de la Secretaria de Servicios Públicos, precisamente en el mismo periodo que PRIMERA PLANA publicó la nota inicial sobre la situación del agua en la zona noreste de la ciudad.
No obstante, las cuestiones más significativas del flamante informe se desprenden de la completa evaluación que la AdA hizo de la junta de expertos convocada por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, el viernes último.
En ese encuentro, además de Villafuerte Ruzo y los profesionales médicos de los querellantes de la causa judicial, estuvieron el fiscal Federal, Matías di Lello; los peritos representantes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Flavia Alejandra Vidal; de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Ambientales (UFIMA) de la Procuración General de la Nación, Licenciada química, María Fernanda Cúneo Basaldúa; de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, ingeniera agrónoma, Virginia Carolina Aparicio; del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Dr. Damián Marino; de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bioquímica Adriana Ridolfi y de la Autoridad del Agua, la licenciada Mónica Caballo y la directora Provincial de Calidad y Control Técnico, ingeniera María Isabel Cicchitti, además de los profesionales médicos
¿Qué pasó en la junta de expertos?
La discusión estuvo centrada en el informe de la calidad del agua en las muestras de los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida, certificados por el INTA Balcarce, a través de la científica Aparicio y todos los dictámenes posteriores que las distintas partes emitieron respecto de los resultados.
En primer lugar, se detallaron las direcciones y fuentes de los nueve puntos donde se tomaron las muestras analizadas por el INTA, desconocidos por la AdA hasta ese momento, según destacó en su informe. “Algunas de las direcciones estarían ubicadas en el Barrio Villa Alicia, donde el prestador del servicio es Obras Sanitarias de la Municipalidad de Pergamino y otras estarían situadas fuera del área de cobertura y se abastecerían por pozos individuales”, afirma el AdA. También durante la junta de expertos, la Autoridad del Agua explicó su injerencia “como organismo de control del servicio público y del Ministerio de Infraestructura como regulador” y señaló que “la ley vigente que regula la calidad del agua para consumo humano es la Nº 11.820 en sus anexos”.
La AdA, a cargo de Pablo Rodrigué -que tiene como antecedente haber sido director de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión del Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza-, expuso que para el análisis de los datos informados por el INTA, además de la Ley Nº 11.820, se realizaron comparaciones con la normativa mundial de referencia en materia de salud (OMS-EPA) y normativa nacional (Código Alimentario Argentino y Decreto Nº 831). También manifestó que la Directiva Nº 98/83 de la Unión Europea (UE) no está fundada en límites calculados en función de la toxicología de cada compuesto y cómo afectan a la salud sino que utiliza límites de seguridad. Además, el organismo gubernamental hizo referencia a cuestionamientos sobre concentraciones de plaguicidas permitidos para el agua comparada con las que la Unión Europea admite para los alimentos.
Sin embargo, la AdA reconoció que dos de las muestras realizadas por el INTA excedieron el límite 0.1 de la directiva de la Unión Europea para una sola determinación - desetilatrazina-, aunque aclaró que “no estaría comprobada la afectación a la salud en esa concentración de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la International Agency For Reseacrch on Cáncer (IARC)”.
Fuertes cuestionamientos a la Corte y el INTA
La Autoridad del Agua asegura que “el informe de la Dra. Aparicio del 28 de marzo compara los resultados de las muestras tomadas en Pergamino con los límites que exige la directiva del Consejo de la Unión Europea a sus países miembros, no aplicables en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Allí afirma que las nueve muestras de agua no son aptas para consumo humano, cuando refiere a la concentración de Acido Aminometilfosfóinco (AMPA), siendo que se le asignó una concentración al AMPA a partir de un cálculo probabilístico y no un valor realmente cuantificado, por no ser posible medirlo con la metodología de medición de INTA”.
En tanto, la AdA también afirma que “el informe de la Dra. Vidal del 4 de Abril, analiza los resultados obtenidos por el INTA y concluye que el agua no es apta para consumo humano, basándose en que la cantidad de ‘plaguicidas totales’ supera el valor de 0,5 µg/l (límite directiva UE). Este valor fue calculado al sumar las mayores concentraciones halladas de cada compuesto en las distintas muestras, obteniendo un valor total de 0,525 µg/l, siendo que debería sumarse los compuestos en las mismas muestras individuales, que es lo que llega a cada consumidor”.
Como conclusión además subraya que “ambos informes resultan de incorrectas interpretaciones de la directica de la UE, sin fundamentos técnicos, analíticos ni científicos, y surgen de la comparación con una normativa que no es de aplicación en Argentina. Estos informes -dice la AdA- fundamentan los considerandos de las medidas cautelares resueltas por el Juez Federal (Carlos Villafuerte Ruzo) con fechas 3 y 17 de Abril, pero ambos carecen de sustento”.
En ese contexto de contundencia de conceptos y desacreditación planteado por la Autoridad del Agua, resulta necesario resaltar que Virginia Carolina Aparicio es una reconocida investigadora del INTA, doctora en Ciencias Agrarias, especialista en producción vegetal e ingeniera agrónoma.
Mientras que la doctora Flavia Alejandra Vidal, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, es médica especialista en Clínica Médica, especialista en Medicina Interna, especialista en Toxicología y Medicina Legal -otorgado por el Ministerio de Salud y por la Facultad de Medicina de la UBA-, docente universitaria -expedido por el Instituto Universitario del Hospital Italiano- y posee una Maestría en Toxicología.
Una legislación desactualizada
Los participantes de la Junta de Expertos organizada por el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás acordaron que la normativa de la Provincia de Buenos Aires -Ley Nº 11.820- “está desactualizada y no contempla límites para los pesticidas que se utilizan en la actualidad”. Los querellantes, según la AdA, manifestaron que “el pesticida no debería estar en la muestra sin importar su concentración y que igualmente afecta la salud a tan bajas concentraciones, de acuerdo a sus investigaciones por lo cual plantean la posibilidad de impulsar una actualización de la normativa”.
En este sentido, la Autoridad del Agua aclaró que “si bien la Ley Provincial N° 11.820 merece una actualización, los pesticidas que se encuentran allí regulados tienden a persistir en el medio ambiente (bioacumulables) provocando un efecto nocivo sobre la salud humana, razón por la cual tienen valores de referencia OMS más bajos. Los pesticidas que no están regulados y son motivo de discusión, según las investigaciones de la OMS no producen bioacumulación”.
AdA: El agua es apta para consumo humano
La AdA confirma en su informe que “se puede decir que las muestras de agua analizadas por INTA y el INTEC, de acuerdo a las normativas de Argentina, la OMS, EPA, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Egipto y otros, son aptas para consumo humano”.
Por otro lado, respecto de los pozos de abastecimiento individual ubicados en áreas donde no existe servicio público, la AdA consideró realizar un relevamiento técnico para verificar su estado y las condiciones en que se encuentran.
El documento al que accedió PRIMERA PLANA dice que en relación a “las dos muestras cuyos valores dieron por encima de 0.1 µg/l, desetil atrazina (límite directiva de la UE) para INTA y la muestra de INTEC que determinó AMPA, no estaría comprobada la afectación a la salud en esa concentración de acuerdo a la OMS y a la IARC”. Pero también admite que “de no resultar suficiente argumento, se sugiere la consulta a los profesionales de las ciencias médicas”.
Asimismo se menciona en el documento procurar elevar propuestas legislativas para complementar la normativa vigente y actualizar -de ser necesario- los valores de calidad del agua para consumo humano, contemplados en el Anexo A de la Ley Nº 11.820.
Incluyen al barrio Santa Julia en la snuevas muestras
La Autoridad del Agua anticipa en su informe que mañana se realizará un nuevo muestreo en los lugares ya analizados -Jardín de Infantes Nº 925, Centro Comunitario, Escuela Nº 52, domicilios de calle Larreta al 100 y Mansilla al 800 y pozos del sector- a las que se sumarán además algunos puntos de red anteriores y posteriores a los tanques, a fin de “verificar si existiera afectación, si proviene del pozo subterráneo, de los tanques o redes, que pueden tener una contaminación externa, por aire y suelo”.
También se tomarán muestras de la red central de Pergamino en pozos profundos, cercanos y alejados de la zona de afectación y del Barrio Santa Julia, atento a las denuncias de los vecinos los últimos días, publicado por PRIMERA PLANA.
Las mediciones se efectuarán en los laboratorios del INTA, que poseen la tecnología adecuada para realizar análisis con límites tan bajos, por indicación del juez Carlos Villafuerte Ruzo.
El próximo martes 21 de mayo se desarrollará la segunda junta de expertos para analizar los nuevos resultados, donde seguramente participarán representantes de los ministerios de Salud y Agroindustria, que tienen competencia sobre la problemática, en virtud del pedido del titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás y del fiscal federal Matías di Lello.
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