La Ley Provincial Nº 15.134 adhiere a la Nacional Nº 27.499: la denominada “Ley Micaela”. Es la norma que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencias contra las mujeres. En julio empezó en nuestra ciudad la primera capacitación, de la que formaron parte una persona por bloque del poder legislativo y también integrantes del poder ejecutivo local.
Para iniciar el trabajo en articulación con los 135 distritos bonaerenses, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género e Identidad Sexual, en coordinación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), puso en marcha el Programa de Formación de formadoras y formadores en Ley Micaela, que fortalece los procesos de adhesión a la norma y capacita a núcleos de trabajadoras y trabajadores municipales en temáticas de género para que puedan replicar los contenidos en sus respectivas localidades.
Según establece la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia (Decreto Ley Nº 6.769/58), los municipios bonaerenses tienen la facultad de administrar sus propias políticas. La metodología es la siguiente: un formador por espacio capacita a todos aquellos que trabajen en ese sector en la administración pública. Esta semana terminó la etapa de sensibilización y la semana que viene comienza la de formación. La encargada de este proceso en el Concejo Deliberante del bloque de la oposición es la concejal Macarena García, quien expresó de manera contundente que “es una problemática urgente, porque la violencia no espera”.
“Nosotros seguimos insistiendo con la convocatoria de la mesa local para articular y bajar todas las políticas públicas provinciales, pero estamos sin respuestas” confirmó García respecto del proceso de formación a PRIMERA PLANA. “En la sesión anterior presentamos un nuevo expediente solicitando que la presidencia (Gabriela Taruselli, de Juntos por el Cambio) convoque y seguimos sin novedades. ”
Sobre la urgente necesidad de la “mesa local de mujeres”, García subrayó que “la convocatoria tiene que salir desde la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia, a cargo de Romina Yaryura, porque así está reglamentado. Gabriela Taruselli se comprometió a reunirse con la directora para agilizar esto. No entendemos realmente por qué aún no convocan”.
Sobre la línea municipal, es necesario que los municipios adhieran a la Ley Provincial Nº 15.134. Por el principio de autonomía, son los municipios quienes deben asignar la entidad local responsable de certificar los contenidos de los cursos.
El Municipio debe convocar a estas capacitaciones a instituciones y organizaciones que no forman parte del gobierno local, a través de firma de convenios o actas de acuerdo, y se la misma entidad responsable certifica a las personas que completan las capacitaciones.
Nada de todo esto existe en nuestra ciudad. En una ciudad dónde las denuncias por violencias de género, llegaron, en algún mes de la pandemia, a triplicarse, y dónde las respuestas locales no se brindan al no ser que los casos se mediaticen. La urgencia la marcan las mujeres, las diversidades y las familias, y también la marca una ley de emergencia en materia de violencia de género declarada por la Provincia de Buenos Aires, a la que las autoridades municipales no respondieron desde el 21 de mayo de este año que fue sancionada.
El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron la Ley Nº 15.134 que entre sus 13 artículos establece la capacitación obligatoria de las personas que integren los tres poderes del Estado, en forma permanente o transitoria. Esta formación permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres será requisito para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública.
Por otro lado, la ley establece que la autoridad de aplicación debe instrumentar los mecanismos eficaces para garantizar la participación de la sociedad civil, las organizaciones y de las representantes gremiales en la elaboración de las directrices; también debe certificar la calidad de las capacitaciones y actualizaciones que se elaboren; realizar recomendaciones para una mejor implementación; y elaborar un informe anual de cumplimiento de las capacitaciones.
En noviembre del año pasado, en el mes de “la no violencia hacia las mujeres”, se brindó una charla de “sensibilización actitudinal” desde la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia y eso fue todo lo que se hizo en conjunto a la comunidad. A 9 meses, con un ministerio -provincial y nacional- al respecto, con políticas públicas existentes, un decreto de emergencia al respecto y necesidades reales de acción en todos los puntos de la ciudad y sus doce pueblos de campaña, nada fue concretado y la “mesa local de mujeres” es, todavía, una utopía.
Este pedido de iniciativa se da desde decretada la emergencia en materia de violencia de género, aunque nunca fue agenda en la política local. El bloque del que participa la concejal Macarena Garcia, había presentado previamente un expediente estableciendo un día para esta “juntada”, proponiendola por plataforma digital, para el próximo martes.
Se espera que recién el próximo viernes por la mañana, en teoría, tendrían una primera reunión desde el Ejecutivo Municipal con funcionarios del Ministerio que capacita sobre esta ley, y también en teoría, después de ese encuentro convocarían al Poder Legislativo. Todo esto es potencial y en futuro, porque cumpliendo a lo que dice la “mesa local de mujeres” nada se informó oficialmente.
Resulta menester la puesta en marcha de la mesa local a fin de organizar y acordar acciones en relación a la prevención y atención de la violencia familiar y de las violencias por razones de género, aseguraron desde el Concejo Deliberante. Hasta tanto y en cuanto, Romina Yaryura, a cargo de la Dirección de Asistencia a la Mujer y la familia, no disponga lo que la ley dice, nada de todo lo demás podrá concretarse.
Siguiendo la línea de los artículos de la Ley Micaela, cada órgano de implementación de los poderes del Estado debe brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en sus páginas webs oficiales y sus redes sociales. En la página oficial deberá identificarse a las o los responsables de cumplir con estas obligaciones en ese órgano y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
Cada persona que se niegue a realizar las capacitaciones previstas por la ley serán intimadas en forma fehacientes por los órganos de implementación, y el incumplimiento ante la intimación será considerado falta grave y dará lugar a sanciones, sin perjuicio de la no efectivización de la promoción a niveles superiores por concurso o progresión, y se debe hacer pública dicha negativa en la página web oficial de cada órgano de implementación.
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