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Los envenenados de la empresa del veneno

Los agroquímicos , de un lado y del otro de la historia del avión fumigando, en una empresa cerca a al predio urbano de Pergamino

Levantaron la cabeza y lo vieron venir. Ya el ruido previo les había parecido extraño. No era el motor de un camión, menos todavía de un auto o una motocicleta. El avión los sobrevoló y una neblina fétida, aún más densa que los 40 grados que azotaban en ese horario de la mañana, sopló 21 rostros. Todos terminaron en el hospital interzonal general de agudos San José de la sojera Pergamino.

Está asentado que ocurrió el martes 11 de enero. Dice el parte, escueto, por cierto, del nosocomio: “En la mañana de hoy, ingresaron por la Guardia de Adultos, de manera escalonada, 21 personas, con aparente intoxicación por órgano fosforado. Las mismas fueron inmediatamente atendidas, y tras constatar que se encontraban en buen estado de salud fueron externadas”.

Fin del tema para el aparato sanitario local. Inicio de un nuevo capítulo del desastre socioambiental que generan los agroquímicos. Otro desafío para quienes batallan contra un modelo agrícola basado en regar alimentos y forrajes con auténticas bombas químicas. Que este envenenamiento masivo haya ocurrido en Pergamino no es una rareza: es la ciudad donde sobreviven familias como la de Sabrina Ortiz, abogada con glifosato en sangre y daño genético al igual que su hija, su hijo y su ex esposo. Distrito donde, en octubre de 2019, la Justicia procesó a tres productores tras considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.

Y fijó embargo de 3 millones de pesos para cada uno de los imputados. Pergamino es otra de las cabeceras bonaerenses del agua intomable. En abril (también) de 2019, la Corte Suprema de la Nación definió como “no apto para el consumo humano” a ese recurso vital tras constatarse la presencia de hasta 18 agroquímicos en la red que abastece a barrios como La Guarida, Luard Kayad y Villa Alicia.

En mayo de 2019, el juez federal Carlos Villafuerte Russo ordenó “suspender provisoriamente las autorizaciones de aplicación para fumigaciones y/o pulverizaciones en la totalidad del partido de Pergamino, con el límite restrictivo de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas en áreas urbanas y periurbanas”.

Lo ocurrido el martes prueba que el agronegocio de los plaguicidas goza aún de luz verde en ese distrito. El peso local de los actores de este modelo es tal que, en mayo de 2020, con la pandemia ya consolidada, el municipio habilitó a varios “mosquitos” de fumigación terrestre para que pulvericen varias calles con cloro con la excusa de la desinfección.

Pergamino también protagoniza el mapa de las escuelas rurales fumigadas. El establecimiento 37 de paraje Gornatti, por mencionar un caso, es víctima recurrente de los vuelos que enferman y matan. Es en este contexto y escenario, con antecedentes y pronunciamientos judiciales cercanos en el tiempo, que tuvo lugar la pulverización del martes 11. Con un ingrediente extra que hizo más funesta la situación: las 21 personas intoxicadas por la aplicación aérea, al momento de recibir la lluvia de pesticidas, se encontraban trabajando en un lote de Corteva Agriscience sembrado con sorgo. Sí: Corteva Agriscience, una multinacional –ex división de DuPont– dedicada a la producción y venta de glifosato, 2,4-D y clorpirifos, entre otros plaguicidas. Dueña, además, de campos donde efectúa pruebas con semillas híbridas y transgénicas. Los fumigados fueron los empleados de una empresa cuyo negocio son los agroquímicos.

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