La noticia ya recorrió todos los medios nacionales: tres personas de nuestra ciudad, vinculadas a la producción rural, fueron detenidas y liberadas luego de quedar un día detenidos en el marco de una causa penal iniciada a partir de pulverizaciones con agroquímicos en las adyacencias de una escuela y un jardín de infantes del barrio J. A. de la Peña.
La Justicia Federal investiga ahora si hay mérito para procesar a los tres acusados: el propietario del predio rural, el ingeniero agrónomo -arrendatario del campo- y un operario aplicador de agroquímicos como coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud. Se los acusa de haber traspasado una zona de exclusión de cien metros donde está prohibido aplicar, agravado por la cercanía de una escuela y un jardín de infantes. El productor rural está acusado también del delito de amenaza, ya que habría intimidado a los vecinos, según se denunció.
El jueves se le recibió declaración indagatoria a los tres detenidos en la causa. Dos de ellos están bajo la defensa técnica del letrado Lucas Walter. Por decisión de la defensa no se prestó declaración como consecuencia de desconocer los hechos imputados hasta la lectura de la misma.
Según se informó, se pedirá una nueva fecha de indagatoria a los fines de poder analizar y tomar conocimientos del acervo probatorio utilizado para realizar las distintas imputaciones.
Desde lo técnico, el letrado señaló: "No puedo dejar pasar por alto lo llamativo que me resultó la medida extrema de detención para con mis asistidos, como así también que estos hechos hayan sido incorporados a la causa de origen principal y que tengan un tratamiento de competencia federal".
Si bien el letrado conoce la causa madre desde el inicio, por haber asistido a uno de los cuatro imputados que dieron origen a la misma -y quien fuera el único a quien se le dictó la falta de mérito- al analizar la imputación formulada ayer consideró inapropiada y exagerada la medida adoptada.
"No obstante respetar el procedimiento, no puedo compartir los métodos y las medidas adoptadas en relación a las detenciones realizadas", dijo.
Se imputa la violación a una ordenanza municipal y a uno de ellos una amenaza en relación al mismo hecho.
"Teniendo en cuenta la protección de derechos y garantías de todo ciudadano, como así el respeto por el debido proceso, considero que una medida tan extrema como la detención no ameritaba en el presente hecho", señaló. Indicó que el derecho penal siempre debe ser utilizado como última ratio.
Los detenidos estuvieron por más de 24 horas. "Si bien para algunos le puede parecer poco, es una barbaridad de tiempo si se analiza desde lo técnico la imputación y las pruebas utilizadas para sostener dicha imputación", sostuvo.
La defensa está trabajando para hacer presentaciones ante la supuesta violación de la ordenanza municipal y demás actuaciones en la causa.
El letrado consideró que se están mezclando hechos diferentes a los que dieron origen a esta causa y, según dijo, no corresponde el tratamiento de los hechos a una competencia federal.
"Confío en la inocencia de mis asistidos y que los mismos no cometieron ningún tipo de delito", afirmó.
El letrado alertó por riesgos a la producción en la zona tras lo ocurrido con las últimas medidas.
"No se puede desconocer el problema y ser realistas, siendo respetuoso del principal hecho denunciado en la causa de origen, medidas como las adoptadas últimamente seguramente ponga en riesgo la actividad principal de la zona", precisó.
En tanto, tras la difusión del caso, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, opinó: "Es imperioso que la provincia de Buenos Aires ordene el tema de aplicaciones creando un criterio uniforme para todo el territorio. De esta forma todos sabemos a qué atenernos y cómo trabajar".
Imagen de portada ilustrativa
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